Con la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y la entrada en vigor de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970-1984), que castigaba con pena de cárcel la homosexualidad, se habilitaron dos centros “especializados en la rehabilitación de homosexuales”: uno era la prisión de Badajoz para homosexuales pasivos, y otro la de Huelva para los activos.

El balance fue de, al menos, 5.000 represaliados en España por ser gays, lesbianas, transexuales o bisexuales; personas que sufrieron todo tipo de vejaciones, terapias experimentales e incluso existen denuncias de abusos por parte de los propios funcionarios de prisiones. Un grave atentado contra la dignidad y los derechos humanos.