Bibiana Montoya es presidenta de la Asociación de Transexuales “Amar y Vida” de Almería. Reconocida con el premio MAS SOCIAL de la Junta de Andalucía como mejor iniciativa individual 2018 por su lucha por el respeto a los derechos humanos, acompañamiento y contribución a la visualización y normalización de las personas del colectivo LGTBI..

Reproducimos a continuación el texto del escrito que Bibiana Montoya ha enviado a los diferentes presidentes que ha tenido la Junta de Andalucía para pedirles que se reconozca la labor de toda una generación LGTBI.

Estimado presidente, estimada presidenta,

Con la muerte de Franco en 1975 los hechos represivos contra las personas LGTB continuaron durante un tiempo y la vida de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en España no fue fácil, el Estado franquista y la Iglesia los reprimió y persiguió, fueron oprimidos y castigados con la Ley de Vagos y Maleantes del 1933, que sería sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 y que llevó a cientos de ellos a prisión. En los últimos años del franquismo, las lesbianas eran internadas en manicomios para reeducar su sexualidad y curarlas de su enfermedad, para ello era común el uso de terapias con electroshock que pretendían volverlas heterosexuales, lo que dejaría a estas mujeres innumerables secuelas para el resto de sus vidas.

La llegada de la democracia produjo una escasa apertura y la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español en 1982, un hecho histórico en la incipiente democracia española se produjo paralelamente a las primeras noticias sobre una enfermedad devastadora, el SIDA. Pero la llegada del PSOE y de Felipe González al Gobierno no supuso ningún avance para combatir la homofobia en esos años.

La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se decretó en 1970, su afán represor tuvo su origen en la Ley de Vagos y Maleantes que se implantó durante la República (1933) que fue modificada el 15 de julio de 1954 por el régimen franquista con la intención de incluir a los homosexuales. Las medidas que se les podía aplicar eran, entre otras, la prohibición de residir en un determinado lugar, la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernamentales o el internado en instituciones especiales con absoluta separación del resto de reclusos (dando a entender el posible contagio homosexual en el roce con otros presos).

Durante la Transición Española el activismo homosexual encaminó sus esfuerzos hacia la reforma de la legislación de peligrosidad, fue un periodo de intensa actividad por parte de las organizaciones homosexuales. El PSOE promovió una reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que mejoró la situación legal de las personas homosexuales, pero esta iniciativa no tenía como objetivo esa mejora pues de haber existido este interés se hubiese derogado la figura delictiva del escándalo público, tan perjudicial para la situación legal de las personas homosexuales, razón de más que ningún partido político condenó el aumento de la represión policial posterior a la reforma legal, que provocó la desaparición de los locales de ambiente homosexual. No será hasta 1987 que IU proponga la desaparición de esta figura delictual y lo escandaloso es que no se conocerá todo el dolor infligido a las personas LGTBI hasta el año 2028 cuando se pueda acceder a los últimos expedientes procesados por la citada ley, una vez hayan transcurrido cincuenta años desde su redacción, para entonces muchas personas mayores LGTB ya habrán muerto sin ningún reconocimiento al dolor y sufrimientos causados.

Históricamente la agenda política ha venido olvidando a las personas LGTBI, siendo la única ocasión en la que la homosexualidad fue objeto de atención por parte de los Diputados con la iniciativa de la diputada Dolors Renau (Partit dels Socialistes de Catalunya) en 1985 en la que la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una proposición de ley ( Iniciativa (191/000113) fue debatida en la Comisión Constitucional en abril de 1985, donde se instaba al Gobierno a eliminar las discriminaciones contra los homosexuales, ésta se fundamentaba en las recomendaciones del Parlamento Europeo de 1984, y las del Consejo de Europa de 1981, en las que llamaban la atención sobre la discriminación legal por orientación sexual. En esta España en la que era tabú hablar de homosexualidad, este compromiso institucional hacía albergar esperanzas de un cambio hacia temas homosexuales, así en la exposición de motivos de la proposición de ley hablaba de la necesidad de una protección efectiva frente a las discriminaciones de hecho y a las actitudes frente a la homosexualidad en el seno de la sociedad española. Pero por experiencia propia puedo decirle que esto no ocurrió, en mi caso y en el de otras muchas personas transexuales.

Muchas mujeres transexuales, homosexuales y lesbianas han sufrido mucho en la vida; han trabajado de sol a sol y muchos de ellos han sido encarcelados, no han tenido la oportunidad de ser dados de alta en la Seguridad Social, porque cuando han querido reclamarle a su empresario ser dados de alta han sido amenazados o insultados e incluso en muchos casos estos empresarios han llamado a la policía y estas personas han sido encarcelados por estos hechos. Tampoco han sido bien tratados por los sindicatos y las personas que se llamaban de izquierdas, pues los estereotipos sobre las personas LGTB aún estaban muy arraigados socialmente. Ahora son personas mayores que han cotizado muy poco, teniendo sólo opción de prestaciones no contributivas, que no son sino una limosna para que mantengan la boca cerrada después de una vida de trabajo no reconocido y el sufrimiento causado por el Estado y la sociedad.

Hasta la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio conocida como la Ley del Matrimonio Homosexual, ha venido a realizar un reconocimiento de la diversidad afectiva. En Andalucía (2014) se aprobaron leyes que despatologizan la transexualidad e intentan garantizar los derechos del grupo más olvidado y discriminado.

Los mayores sufren una evidente marginación tanto desde el punto de vista económico como social y cultural. Sí señalar que esta marginación es especialmente evidente dentro del colectivo LGTBI, al que no se le ha reconocido suficientemente el dolor sufrido y ocasionado por el Estado, nuestra memoria histórica, todavía no ha sido suficientemente considerada.

Es por todo ello que le solicito considere realizar el necesario reconocimiento a las personas mayores lesbianas, gays y transexuales que tanto han sufrido.

Bibiana Montoya